V. Manuel Huaray Palma
Un nuevo frente se ha abierto a los gobiernos regionales y al proceso de descentralización, debido a la presentación del proyecto de Ley 1868/2007-2 alcanzado por el Ejecutivo (léase Ministro de Energía y Minas, léase Juan Valdivia, léase ex congresista por el departamento de Ancash) al Congreso de la República. El proyecto de marras privará a las regiones en las que existe actividad de empresas mineras de aproximadamente 800 millones de soles, que por la ley vigente le corresponderían por concepto de “Remanente de Utilidades” y que su finalidad es la construcción de obras viales en dichas regiones; estas pasarían a ser distribuidas en un 95% entre los trabajadores de las empresas mineras que se encuentra en planilla, quedando el sólo 5% para capacitación y promoción laboral (FONDOEMPLEO), la iniciativa del ejecutivo considera además, que parte de estos beneficios se asignen a los trabajadores de las services, como vemos se borran de un plumazo el derecho ganado por la región. Esto ha provocado reacciones de uno y otro lado, tanto por parte de los trabajadores mineros, que ven en ésta una oportunidad de incrementar sus ingresos, y de la población de las regiones que verían frustradas sus expectativas de desarrollo. En las siguientes líneas trataremos de analizar cuales son las verdaderas causas del problema y buscaremos encontrar alguna salida de manera general o particular.
1. En primer lugar, la Constitución en su artículo 29 reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas en las que laboran. Este derecho fue regulado por el DL 892 de fecha 8/11/1996, y Reglamentado por el DS Nº 009-98-TR de fecha 06/08/1998. De acuerdo a ello, se estableció que en el caso de las empresas privadas de explotación minera, el 8% de las utilidades netas, es decir, antes de que las empresas pagaran sus impuestos, debían ser distribuidas entre sus trabajadores, hasta un máximo de 18 sueldos por cada trabajador, siendo el 50% equivalente a los días trabajados en el año y el otro 50% al sueldo que percibe cada trabajador. Si luego de esta distribución quedara dinero, dice la norma, se entregará a FONDOEMPLEO, hasta 2,200 UITs, el excedente o sobrante de dinero que existiera luego de estas dos distribuciones, es a lo que se le denomina remanente de utilidades y se le debe depositar en la cuenta del Gobierno Regional en el que se realiza la actividad extractiva para la ejecución de obras viales.
2. Esto es lo que reconoce la ley, y lo que se viene aplicando desde hace aproximadamente 10 años atrás, constituyendo por el tiempo transcurrido ya un derecho ganado por los diferentes beneficiarios de la misma. Sin embargo no podemos negar que toda norma es susceptible a ser mejorada más aún si hay un problema de interpretación constitucional de por medio. Lo cierto que hasta hace unos meses atrás el “suelo estaba parejo”, nadie reclamaba nada, es más en la comisión de trabajo y promoción social del congreso habían dos proyectos de ley, uno de la propia Comisión, y otro de los trabajadores mineros y metalúrgicos, el de él Ejecutivo no existía; y para mayor sorpresa, el de los trabajadores sólo planteaba variar al 10% el monto de las utilidades netas a distribuir, pero no cuestionaba lo demás, no tocaba lo de FONDOEMPLEO ni lo de Remanentes de Utilidades. Eso era lo que había sobre la mesa, entonces quien inspiro y con que intenciones el Proyecto 1868/2007-2 presentado por el ejecutivo.
3. El problema central, es sin lugar a dudas, la desatención a las justas expectativas de los trabajadores mineros que ven como el incremento de las ganancias de las empresas a raíz del crecimiento de la demanda y del precio de los minerales en el mercado mundial, ha multiplicado las utilidades de estas empresas y por lógica consecuencia, los fondos del remanente de utilidades que no tiene tope, a diferencia de los sueldos que solo se puede distribuir hasta un número18 por trabajador, y el FONDOEMPLEO hasta 2200 UITs. Es lógico que quienes hacen producir estas ganancias, también aspiren a mejorar sus ingresos en la misma proporción. El asunto es entonces como tratar este tema, y como atender esta justa demanda, sin provocar otros problemas más graves como el de la confrontación social. Se deben agotar pasos previos como el de la información, el debate público y el de los acuerdos entre las partes.Sugerimos entonces que la solución pase por identificar a todas a las partes involucradas, sin excluir a ninguna y sin auto excluirse tampoco; nadie debe rehuir su responsabilidad en la búsqueda de una solución dialogada. Tendrán pues que sentarse a la mesa: el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Empresa Minera, Los Trabajadores y los Gobiernos Regionales. Tal vez sea difícil lograr una reunión con todos ellos de buenas a primeras, sabiendo además que a alguno le conviene que el conflicto siga, pero si creemos posible, y deben iniciarse, las conversaciones bilaterales entre los representantes de los trabajadores, y de los Gobiernos Regionales, para comenzar a tejer un acuerdo satisfactorio entre las partes que luego el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la Empresa Minera conozcan y lo hagan suyo.
Un nuevo frente se ha abierto a los gobiernos regionales y al proceso de descentralización, debido a la presentación del proyecto de Ley 1868/2007-2 alcanzado por el Ejecutivo (léase Ministro de Energía y Minas, léase Juan Valdivia, léase ex congresista por el departamento de Ancash) al Congreso de la República. El proyecto de marras privará a las regiones en las que existe actividad de empresas mineras de aproximadamente 800 millones de soles, que por la ley vigente le corresponderían por concepto de “Remanente de Utilidades” y que su finalidad es la construcción de obras viales en dichas regiones; estas pasarían a ser distribuidas en un 95% entre los trabajadores de las empresas mineras que se encuentra en planilla, quedando el sólo 5% para capacitación y promoción laboral (FONDOEMPLEO), la iniciativa del ejecutivo considera además, que parte de estos beneficios se asignen a los trabajadores de las services, como vemos se borran de un plumazo el derecho ganado por la región. Esto ha provocado reacciones de uno y otro lado, tanto por parte de los trabajadores mineros, que ven en ésta una oportunidad de incrementar sus ingresos, y de la población de las regiones que verían frustradas sus expectativas de desarrollo. En las siguientes líneas trataremos de analizar cuales son las verdaderas causas del problema y buscaremos encontrar alguna salida de manera general o particular.
1. En primer lugar, la Constitución en su artículo 29 reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas en las que laboran. Este derecho fue regulado por el DL 892 de fecha 8/11/1996, y Reglamentado por el DS Nº 009-98-TR de fecha 06/08/1998. De acuerdo a ello, se estableció que en el caso de las empresas privadas de explotación minera, el 8% de las utilidades netas, es decir, antes de que las empresas pagaran sus impuestos, debían ser distribuidas entre sus trabajadores, hasta un máximo de 18 sueldos por cada trabajador, siendo el 50% equivalente a los días trabajados en el año y el otro 50% al sueldo que percibe cada trabajador. Si luego de esta distribución quedara dinero, dice la norma, se entregará a FONDOEMPLEO, hasta 2,200 UITs, el excedente o sobrante de dinero que existiera luego de estas dos distribuciones, es a lo que se le denomina remanente de utilidades y se le debe depositar en la cuenta del Gobierno Regional en el que se realiza la actividad extractiva para la ejecución de obras viales.
2. Esto es lo que reconoce la ley, y lo que se viene aplicando desde hace aproximadamente 10 años atrás, constituyendo por el tiempo transcurrido ya un derecho ganado por los diferentes beneficiarios de la misma. Sin embargo no podemos negar que toda norma es susceptible a ser mejorada más aún si hay un problema de interpretación constitucional de por medio. Lo cierto que hasta hace unos meses atrás el “suelo estaba parejo”, nadie reclamaba nada, es más en la comisión de trabajo y promoción social del congreso habían dos proyectos de ley, uno de la propia Comisión, y otro de los trabajadores mineros y metalúrgicos, el de él Ejecutivo no existía; y para mayor sorpresa, el de los trabajadores sólo planteaba variar al 10% el monto de las utilidades netas a distribuir, pero no cuestionaba lo demás, no tocaba lo de FONDOEMPLEO ni lo de Remanentes de Utilidades. Eso era lo que había sobre la mesa, entonces quien inspiro y con que intenciones el Proyecto 1868/2007-2 presentado por el ejecutivo.
3. El problema central, es sin lugar a dudas, la desatención a las justas expectativas de los trabajadores mineros que ven como el incremento de las ganancias de las empresas a raíz del crecimiento de la demanda y del precio de los minerales en el mercado mundial, ha multiplicado las utilidades de estas empresas y por lógica consecuencia, los fondos del remanente de utilidades que no tiene tope, a diferencia de los sueldos que solo se puede distribuir hasta un número18 por trabajador, y el FONDOEMPLEO hasta 2200 UITs. Es lógico que quienes hacen producir estas ganancias, también aspiren a mejorar sus ingresos en la misma proporción. El asunto es entonces como tratar este tema, y como atender esta justa demanda, sin provocar otros problemas más graves como el de la confrontación social. Se deben agotar pasos previos como el de la información, el debate público y el de los acuerdos entre las partes.Sugerimos entonces que la solución pase por identificar a todas a las partes involucradas, sin excluir a ninguna y sin auto excluirse tampoco; nadie debe rehuir su responsabilidad en la búsqueda de una solución dialogada. Tendrán pues que sentarse a la mesa: el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, la Empresa Minera, Los Trabajadores y los Gobiernos Regionales. Tal vez sea difícil lograr una reunión con todos ellos de buenas a primeras, sabiendo además que a alguno le conviene que el conflicto siga, pero si creemos posible, y deben iniciarse, las conversaciones bilaterales entre los representantes de los trabajadores, y de los Gobiernos Regionales, para comenzar a tejer un acuerdo satisfactorio entre las partes que luego el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la Empresa Minera conozcan y lo hagan suyo.
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